Un grupo de abogados venezolanos presentó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el presidente Hugo Chávez por presuntos delitos de lesa humanidad.
El representante de los presos, Hermán Escarrá, explicó a Efe que la denuncia "se amparan en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que habla del crimen de lesa humanidad por no respetar los derechos humanos".
Precisó que ese artículo "describe como delito de lesa humanidad cuando hay una política del Estado -no puede ser un caso particular- dirigida a producir detenciones indebidas, a producir retenciones de orden físico violando la norma internacional de los derechos humanos",
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En vigor desde julio de 2002, el Estatuto de Roma es el que regula el funcionamiento de la CPI, que, con sede en La Haya, es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional.
Escarrá especificó que a los presos se les retiene en la cárcel excediendo los plazos legales de permanencia en prisión preventiva y se les mantiene presos entre 4 y 6 años, mientras que la ley venezolana estipula que el tiempo de prisión en espera del juicio no debe exceder los dos años.
"El Código Orgánico Procesal Penal regula los plazos, pero lamentablemente no se cumplen, al igual que la Constitución, que tampoco se cumple", indicó el letrado, quien denunció que "en Venezuela hay una dictadura disfrazada".
El abogado aseguró que representa a "38 presos políticos y de antojo presidencial o presos personales", que son a los que se detiene a petición del presidente venezolano por motivos de talante personal.
Como ejemplo puso el caso del "joven empresario Gustavo Arraiz, al que se le detuvo por una supuesta relación con la hija del presidente Chávez, cuando eso no fue verdad".
"Aún así, se le abrió un expediente, se le encarceló y se persiguió a su familia", denunció el representante de los presos.
Con la denuncia presentada hoy "estamos iniciando el trámite de apertura de un caso contra el presidente Chávez", dijo Escarrá, quien afirmó que desconoce el tiempo que los fiscales de la CPI necesitarán para analizar su demanda y decidir si abren o no un investigación contra el presidente venezolano.
El letrado también recordó que "hay tres formas de acercarse a la Corte: a través de un Estado, a través del Consejo de Seguridad de la ONU o directamente a través de las víctimas, poniendo los hechos de relieve ante el fiscal", que es el procedimiento que se sigue con la presentación hoy de esta demanda.
La CPI nunca comenta sobre las denuncias que se presentan ante su fiscalía, la cual solamente se pronuncia sobre las demandas que, tras el pertinente estudio de los casos, decide admitir para iniciar una investigación propia.
HUCH
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El lunes 15 de diciembre del 2008, la autoridad bursatil estadounidense Securities and Exchange Commission, tambien conocida por sus siglas SEC, divulgó un comunicado en el que se presenta un arreglo entre esa entidad y la empresa alemana SIEMENS, luego de que esta última fuese acusada de corrupción, con una multa de Mil Seiscientos Millones de Dólares Americanos (US$ 1.600.000.000,00). Entre varios puntos, la agencia SEC indica en su comunicado que entre el 12 de marzo de 2001 y el 30 de septiembre de 2007, la empresa SIEMENS pagó en comisiones la suma de Mil Cuatrocientos Millones de Dólares Americanos (US$ 1.400.000.000,00) a personeros gubernamentales de varios paises en el mundo a cambio de obtener contratos. Entre los proyectos que se consiguieron mediante el pago de jugosas comisiones a agentes gubernamentales corruptos se encuentra el diseño y construcción de lineas de un Metro en Venezuela. Aún cuando el informe del SEC no menciona con especificidad a que lineas del metro se refiere, el reporte periodístico de Globovisión indica claramente que hay funcionarios de alto nivel de Venezuela relacionados con proyectos de transporte masivo, funcionarios del gobierno venezolano, un ex ministro de la defensa venezolano, un diplomático, y familiares de políticos locales. En base a esta información, uno pudiera sacar una lista de quienes fueron ministros de infraestructura, gobernadores de los Estados Zulia y Carabobo, y algun ministro de la defensa que hoy dia fuese ex-ministro. Lo anterior seria entre el 12 marzo de 2001 y el 30 de septiembre de 2007. Si hubiese una Fiscalía General de la República honorable en Venezuela, esta información sería más que suficiente para iniciar de inmediato una investigación por NOTITIA CRIMINIS. El problema es que la Fiscalía General de la República de Venezuela está controlada por el chavismo, ese mismo que controla todas las instituciones y poderes del país, y que actualmente comete el delito de CONSPIRAR PARA DESTRUIR LA FORMA POLITICA REPUBLICANA QUE SE HA DADO LA NACION, tipificado en el artículo 132 del Código Penal vigente. Entonces, no sería descabellado pensar que tales comisiones de dinero no solo alimentan la voraz corrupción de los nuevos burgueses bolivarianos, llamados boliburgueses, sino de quienes se han podido prestar para mantener una apariencia democrática al actual régimen de gobierno, y también para financiar el pago de armas a los grupos civiles que persiguen y asesinan a quienes no forman parte de este plan conspirativo de destrucción de la república. El sol no se puede tapar con un solo dedo. La olla ha quedado destapada. Ha quedado demostrado ya que en Venezuela hemos tocado fondo. ¿Seremos capaces de mantenernos indiferente ante este crimen de conspiración, o iniciaremos desde ya las acciones para activar sin retorno los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional, sin ambiguedades ni ambages, a fin de recuperar la democracia y la decencia en Venezuela? El bravo pueblo de Venezuela tiene la palabra. RUEDALO!!!!
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